LA PRESENTACIÓN DE LOPEZ COMO ARREPENTIDO LLEVÓ MUCHA PREOCUPACIÓN A EX GOBERNADORES Y EX INTENDENTES EN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El terror comenzó a apoderarse de gobernadores e intendentes apenas trascendió que el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López había ingresado en el despacho del fiscal Carlos Stornelli para ser el último arrepentido de la frenética semana que tuvo la causa de los cuadernos. Su herramienta de negociación más temida no es sólo el origen de los u$s9 millones que intentó ocultar en el convento de General Rodríguez, sino la estructura descentralizada que coordinó bajo su mando y que puede salpicar a decenas de jefes comunales que llevaron adelante obras públicas durante los 12 años de gestión del exfuncionario. Muchas de esas licitaciones quedan ahora bajo sospecha porque eran derivadas por convenios generales desde el Ministerio de Planificación Federal a las provincias. Según cifras oficiales, $260.000 millones fueron destinados a los distritos comandados por los mandatarios provinciales, un 43% del total divididos en diferentes rubros. Esa es la llave de López que sin dar un detalles específico- consiguió ingresar no sólo al club de los “arrepentidos”, sino también lograr el status de “protegido”. El Tribunal Oral Federal N° 1 que sigue el juicio por enriquecimiento ilícito deberá dar el visto bueno definitivo al acuerdo que homologue el juez Claudio Bonadio para su alojamiento definitivo.

El mutismo que mantuvo López por más de dos años sin dar pistas certeras sobre el origen de los bolsos que intentó esconder cuando fue capturado terminó de caer a las 21 del viernes, cuando se firmó el acta en el quinto piso de Comodoro Py. Su declaración iguala en importancia a las del extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y a la del financista Ernesto Clarens porque aborda otra vía de la relación entre funcionarios, empresarios y obra pública: lo que sucedía en el interior del país. Iluminaría así otro aspecto distinto al que el tándem Bonadio-Stornelli no había podido acceder hasta el momento. Ambos se habían planteado dar un golpe de impacto también a la política, pero hasta la sorpresiva presentación del exfuncionario nada les había franqueado el ingreso al submundo que puso en alerta a exgobernadores, especialmente del PJ y aliados. A esa altura, López se había transformado en inmanejable para su defensa oficial. Pamela Bisserier que lo defiende en el juicio oral por los bolsos intentó seguir un guión para lo que fue su primera mención al episodio por el que fue detenido. A mitad de camino, el exfuncionario torció el rumbo y se negó a responder a las preguntas de su propia abogada, agregándole incertidumbre al episodio con una versión endeble. El viernes quedó claro que López dirige su propia estrategia. Ante Stornelli y para aplicar a la formalidad de declarar contra superiores apuntó contra Julio De Vido pero deslizó mucha más información sobre un sistema que inaugura un nuevo capítulo para la causa y que fue música para los oídos de los investigadores que aspiran a seguir ramificando la causa.

Planificación suscribió múltiples convenios macro de obra pública con las provincias, muchos de los cuales dependían de que tan lubricada fuera la relación con la Casa Rosada. Una vez que se activaban, el área de coordinación de esos acuerdos pasaba a la órbita de López y se descentralizaban las licitaciones en las provincias o intendencias, con el visto bueno de las subsecretarías del área correspondiente. Las licitaciones estaban descentralizadas en empresas que contrataban directamente con la jurisdicción que había firmado. Las subsecretarías se encargaban de la verificación y auditoría aleatoria sobre las obras. En el top ten histórico de esa descentralización se ubicaba primero Buenos Aires, pero por acuerdos que los últimos años iban directamente a los intendentes, considerados “mini-gobernadores” por los distritos que administraban. Las obras provinciales se dividían en rubros tales como Vialidad; Escuelas y Universidades; Hídricos, Saneamientos y AySA; Arquitectura, Hospitales, Plazas y Bacheo; Viviendas; Energía (que no comandaba López); y los planes Más Cerca, Mejor País y Más Patria que a fines de 2015 había puesto en marcha 4.70 obras en más de 1.600 municipios de todo el país. 

La provincia de Buenos Aires ($65.000 millones), Santa Cruz, Chaco, San Juan, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Entre Ríos y Mendoza lideran en orden decreciente el ranking de obras descentralizadas a nivel nacional hasta el final del kirchnerismo.

López no reveló todas sus cartas todavía. Le bastó con insinuar la información con la que cuenta, cuyo vendaval también podría salpicar también a constructores ligados al presidente Mauricio Macri, no sólo a través de IECSA de su primo Ángelo Calcaterra, sino vía Nicolás Caputo, a quien López le asignó dos obras importantes durante su gestión.Fte. Ambito