JUSTICA: Embargan al Presidente del Instituto de Previsión Social y lo denuncian penalmente
En otro episodio del enfrentamiento entre Daniel Scioli y la justicia bonaerense, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia, Javier Mazza, fue embargado junto a todo su Directorio por no haber cumplido con una sentencia judicial. A fines de 2008, la Justicia obligó al Estado bonaerense a actualizar la jubilación de una ex empleada de la administración provincial, María Esther Bureu, al reconocerle el derecho de recibir en sus haberes previsionales la incorporación de una bonificación denominada “fondo de subastas” desde el 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003. Pero el IPS no acató la orden judicial y atendiendo a eso, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, dispuso el embargo de los sueldos de Mazza, del vicepresidente del IPS, Sergio Saragoza, y de los demás miembros del Directorio: Carlos Albaqui, Juan Nieves, Oscar Fueyo, Andrés Richards, Isabel Folegotto y Carlos Rodríguez.
Además, hasta que obedezcan la sentencia de 2008, que el Ejecutivo apeló sin éxito ante la Cámara de Apelaciones, los funcionarios del IPS sufrirán la quita de 1500 pesos diarios.
En diálogo con La Política Online, Arias explicó que durante el año pasado, tras el incumplimiento de la sentencia original y por pedido de Bureu, “se cursaron intimaciones al IPS y pese a ello la sentencia no fue acatada, en un total desprecio del Poder Ejecutivo a la actividad de los otros poderes”.
“Hace un año y dos meses que el IPS no cumple con la orden judicial, por lo que recurrí a un remedio extraordinario, que parece ser la única forma de que los funcionarios cumplan las sentencias”, disparó el juez.
Arias agregó que el fallo sólo se aplicará sobre los actuales funcionarios, a quienes además denunció penalmente por “delito de desobediencia a la autoridad”. Y señaló que no cree “que los investiguen” y que la Cámara de Apelaciones generalmente revoca estos embargos, “por lo que incumplir una orden judicial en la provincia no tiene ninguna consecuencia”.
“La señal que se da a la sociedad es realmente adversa: el Estado no puede exigir a los ciudadanos que cumplan sus obligaciones en materia tributaria o en materia de seguridad, si el mismo no se somete a las leyes y a las sentencias judiciales”, apuntó el magistrado.